En primer lugar, debemos dejar en claro que en Restauración Nacional creemos en los trabajadores de nuestro país, y defendemos sus intereses y derechos fundamentales, dentro del marco de nuestro Estado de Derecho.
Salarios y beneficios sociales que no sean justos para los trabajadores, no son contestes con nuestra aspiración de un desarrollo humano integral y de una sociedad más solidaria y equitativa. Sin embargo, si queremos una sociedad de mayores oportunidades para todos, requerimos estructurar un régimen de empleo público que promueva ese objetivo; y las gollerías y privilegios excesivos ponen en jaque cualquier intento por incentivar este noble ideal.
En esta perspectiva, el grueso del problema tiene su origen en la mutación de las instituciones públicas, cual archipiélago de entidades estatales, de organizaciones instrumentales al servicio de la sociedad, a feudos burocráticos al servicio de sus trabajadores. Cuando vemos no sólo los abusos y privilegios desproporcionados que tienen muchos de estosentes, y su actitud, no de servicio hacia los ciudadanos, sino de cuello de botella respecto de todos los trámites que estos deben hacer, es evidente que su naturaleza se ha pervertido y desnaturalizado.
Se transforman en feudos institucionales porque se han convertido en fines en sí mismos y porque existen no para resolver una necesidad social, sino para alimentar el cuerno de la abundancia de sus funcionarios, que se hartan en gollerías, privilegios y francas barbaridades.Y lo malo es que no son ellos los que pagan la fiesta, somos todos los ciudadanos que, sea mediante impuestos o bien mediante tasas o cánones diversos, nos vemos obligados a sostener estos relajos.
Así las cosas, es fundamental avanzar en una reforma integral del régimen de empleo público, que patrocine la equidad y la justicia salarial entre todos los funcionarios, al tenor del principio de que “a igual trabajo, igual salario”; a la vez que se promueva una cultura organizacional de evaluación del desempeño y de mejoría en las condiciones laborales con base en la idoneidad y los resultados comprobados, que premie a los buenos funcionarios y castigue a los incompetentes.
Por ese motivo, Restauración Nacional está presentando un proyecto de reforma a la Constitución Política para dotar al Poder Legislativo del fundamento jurídico apropiado para que una eventual ley regulatoria del empleo público, en verdad sea de aplicación obligatoria para todas las instituciones, y no sólo para algunas de ellas. Sólo de esta manera podremos parar, de una vez y por todas, el despilfarro, la injusticia y el relajo en la gestión del potencial humano de los entes del Estado.

Fabricio Alvarado
Diputado