También se relaciona con la actividad económica del país, con su desarrollo, la seguridad y el equilibrio de quienes participan en ella.

El principal objetivo de la reforma es mejorar los tiempos de respuesta del aparato jurisdiccional. Para ello se propone un nuevo modelo de proceso basado en la oralidad, en la concentración de las audiencias y en la limitación de las instancias recursivas. Se tiene claridad en que, el retraso judicial genera un grave riesgo porque una larga espera es un poderoso estímulo para abandonar el proceso y aceptar la conciliación con renuncia, total o parcial, de derechos.

La propuesta incluye un proceso sumarísimo en favor de personas protegidas por un fuero especial, como es el caso de las mujeres embarazadas, de las personas trabajadoras adolescentes, las denunciantes de hostigamiento sexual, así como en favor de personas víctimas de una acción discriminatoria en el empleo por razones de edad, religión, raza, orientación sexual, o cualquier otra forma de discriminación.

La iniciativa tiene más de una década. Recoge esfuerzos del Poder Judicial, del Legislativo y de organizaciones gremiales y empresariales. Representa la búsqueda de equilibrios en la convivencia social. En su recorrido subyacen las interrogantes: ¿de qué sirven los derechos si no pueden hacerse efectivos?, ¿puede prevalecer la convivencia pacífica si las personas tienen la convicción de que sus derechos, no obstante estar estipulados en una ley, no puede hacerlos realidad?, ¿se quiere realmente avanzar con un modelo de desarrollo económico y social, inclusivo?
La Reforma Procesal Laboral es una propuesta para fortalecer nuestra democracia.

Zarela Villanueva Monge
Presidenta
Corte Suprema de Justicia