La Asamblea Legislativa ha sido generosa con la aprobación de diversos proyectos de ley a favor del sector vivienda. En lo que llevamos del presente periodo constitucional, se ha aprobado el bono diferido de clase media (Expediente 17797, publicado en marzo 2011 como ley 8924), el bono de segunda planta (Expediente 17524, publicado en agosto 2011 como ley 8957), una reforma al INVU (17979, publicado en agosto 2011 como ley 8960) y un proyecto de fortalecimiento del BANHVI (Expediente 17987, publicado en marzo 2012 como ley 9002). Lamentablemente el poder ejecutivo no ha sabido responder con su parte, y se ha mantenido de brazos cruzados.
Con la ley de bono diferido para clase media –promovido por esta diputada– la situación es decepcionante. Esta ley pretende darle acceso al crédito a un grupo de la población de clase media que está en el limbo; un sector que no gana lo suficiente para ser sujetos del crédito bancario pero cuyo nivel de ingreso supera el máximo permitido para buscar un bono de vivienda de los ofrecidos por el Estado. Más de 350 mil hogares podrían verse beneficiados por esta ley. Sin embargo, no se ha entregado un solo bono por culpa de la inoperancia del Ministerio de Vivienda pues éste no termina de entender el instrumento que permite esta ley.
Por culpa de la lenta gestión del Ministerio, más de 350 mil hogares no pueden acceder a su derecho de tener una vivienda digna y propia. No es de extrañar que en el Índice de Gestión Institucional calculado por la Contraloría General de la República, el MIVAH haya sufrido una importante caída en las áreas de planificación y contratación administrativa.
Según la Nación (8-mayo-2012), una encuesta de Unimer para el periódico El Financiero, cerca del 60% de los costarricenses opinan que son “malos tiempo” para adquirir una casa. Sin embargo en estos tiempos adversos, el Ejecutivo no cumple su responsabilidad con los costarricenses. No sólo incumple con sus promesas políticas, sino que tampoco lleva a cabo los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo. Este plan, para el 2011, proyectaba beneficiar a 2011 familias con la entrega de créditos de vivienda. Sólo se lograron dar 910 créditos, apenas un 45% de la meta establecida. Esto representa además un importante atraso con respecto al año anterior, en el que se entregaron 1909 créditos. Y no es por falta de recursos. Según datos de la Contraloría, el BANHVI cerró el año pasado con un superávit de casi 78 mil millones de colones.
Los resultados negativos en el sector vivienda no son de recibo para esta diputada. Si desde la Asamblea Legislativa los diputados de las distintas bancadas han buscado dar un impulso a las instituciones que abordan el problema de la vivienda en el país, lo mínimo que puede hacer el Ejecutivo es responder a este llamado y hacer la parte que le corresponde en tan importante tarea.
PATRICIA PÉREZ HEGG
La Asamblea Legislativa ha sido generosa con la aprobación de diversos proyectos de ley a favor del sector vivienda. En lo que llevamos del presente periodo constitucional, se ha aprobado el bono diferido de clase media (Expediente 17797, publicado en marzo 2011 como ley 8924), el bono de segunda planta (Expediente 17524, publicado en agosto 2011 como ley 8957), una reforma al INVU (17979, publicado en agosto 2011 como ley 8960) y un proyecto de fortalecimiento del BANHVI (Expediente 17987, publicado en marzo 2012 como ley 9002). Lamentablemente el poder ejecutivo no ha sabido responder con su parte, y se ha mantenido de brazos cruzados.
Con la ley de bono diferido para clase media –promovido por esta diputada– la situación es decepcionante. Esta ley pretende darle acceso al crédito a un grupo de la población de clase media que está en el limbo; un sector que no gana lo suficiente para ser sujetos del crédito bancario pero cuyo nivel de ingreso supera el máximo permitido para buscar un bono de vivienda de los ofrecidos por el Estado. Más de 350 mil hogares podrían verse beneficiados por esta ley. Sin embargo, no se ha entregado un solo bono por culpa de la inoperancia del Ministerio de Vivienda pues éste no termina de entender el instrumento que permite esta ley.
Por culpa de la lenta gestión del Ministerio, más de 350 mil hogares no pueden acceder a su derecho de tener una vivienda digna y propia. No es de extrañar que en el Índice de Gestión Institucional calculado por la Contraloría General de la República, el MIVAH haya sufrido una importante caída en las áreas de planificación y contratación administrativa.
Según la Nación (8-mayo-2012), una encuesta de Unimer para el periódico El Financiero, cerca del 60% de los costarricenses opinan que son “malos tiempo” para adquirir una casa. Sin embargo en estos tiempos adversos, el Ejecutivo no cumple su responsabilidad con los costarricenses. No sólo incumple con sus promesas políticas, sino que tampoco lleva a cabo los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo. Este plan, para el 2011, proyectaba beneficiar a 2011 familias con la entrega de créditos de vivienda. Sólo se lograron dar 910 créditos, apenas un 45% de la meta establecida.
Esto representa además un importante atraso con respecto al año anterior, en el que se entregaron 1909 créditos. Y no es por falta de recursos. Según
datos de la Contraloría, el BANHVI cerró el año pasado con un superávit de casi 78 mil millones de colones.
Los resultados negativos en el sector vivienda no son de recibo para esta diputada. Si desde la Asamblea Legislativa los diputados de las distintas bancadas han buscado dar un impulso a las instituciones que abordan el problema de la vivienda en el país, lo mínimo que puede hacer el Ejecutivo es responder a este llamado y hacer la parte que le corresponde en tan importante tarea.
PATRICIA PÉREZ HEGG
