Este esfuerzo institucional por atender las políticas de restricción dictadas por el Ministerio de Hacienda, tiene impacto en proyectos jurisdiccionales, plazas y sustituciones del personal judicial. Por ejemplo: el Programa de Atención Integral a Víctimas y el programa de Justicia Restaurativa, no tendrán recursos para crecer en el 2016.

Además, la institución tiene el compromiso de disminuir 25 puestos de trabajo y no aumentar el número de plazas el próximo año.

El proyecto de presupuesto Judicial ronda los ¢424 mil millones de colones, ajustado a un plan de inversión, que atiende los temas prioritarios para la institución y que garantiza el funcionamiento eficiente de la administración de justicia.
El Poder Judicial impulsa para el próximo año, la implementación de un proceso de Evaluación del Desempeño, acompañado de una proyección de mejoras en el trabajo institucional, para lograr un servicio público de mejor calidad.
Estos proyectos, han sido parte de mis prioridades, que requerirán de un reacomodo de las estructuras de control interno, pero se realizarán con los recursos con que ya contamos.
También presentamos un presupuesto con el costo de la Reforma Procesal Laboral, que eventualmente entraría en vigencia, en junio del 2016.
Esta reforma significará para el Poder Judicial, recursos nuevos por un monto aproximado de 15 mil millones de colones; que comprende el alquiler de oficinas, 18 plazas para jueces o juezas, 15 que asumiría por mandato de ley, la representación y asesoría legal social del 80% de los casos en la materia.
Asumimos los retos venideros con gran entusiasmo y responsabilidad. El nivel de ejecución presupuestaria del año 2014, fue de un 98.25%, reflejo de la técnica y el compromiso con que se elabora año con año, el presupuesto del Poder Judicial.

Zarela Villanueva Monge
Presidente
Corte Suprema de Justicia