La administración de justicia es un servicio público que funciona con el trabajo de personas que día a día laboran con compromiso, probidad, transparencia e imparcialidad. Año a año, el nivel de demanda de nuestros servicios aumenta en las distintas áreas y tratamos de atenderlas adecuadamente, a pesar de las restricciones presupuestarias que también cada día son mayores.
Con el objeto de maximizar los recursos y lograr mejores niveles de respuesta en los servicios, se han desarrollado proyectos de mejora en la gestión de circuitos judiciales enteros como en San Carlos, ahora en Cartago y próximamente en Alajuela. Se ha trabajado en reformas procesales, en la implementación de herramientas tecnológicas, en la definición de políticas y objetivos claros hacia los que tiende la institución.
En muchas oficinas se implementa el programa GICA -Justicia que promueve un rediseño del despacho judicial para, con los mismos recursos, reducir los tiempos de respuesta y eliminar cuellos de botella en la tramitación. Existe una política definida de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas, particularmente a quienes les resulta más dificultoso ese acceso.
Existen mecanismos de control y fiscalización de los servicios. La Inspección Judicial y las Contralorías de Servicios dispuestas a nivel nacional, reciben las quejas de las personas usuarias cuando se dan fallas en el servicio. Y en el caso de disconformidades con actos o resoluciones judiciales, la ley establece los mecanismos recursivos para hacer valer la objeción.
Esto es parte del debido proceso judicial, propio de un Estado de Derecho, que no debemos obviar.

Zarela Villanueva Monge
Presidenta Corte Suprema Justicia