El tercero, ser parte del negocio. Así ha sido”.
Pues a rescatar esa palabra; gritarla a los cuatro vientos y que todos sepamos qué está pasando con nuestras escuálidas finanzas públicas, pues, a hurtadillas, estos burdeles se han instalado en muchas instituciones públicas.
Y es que no se cansan, los mismos, de meter mano al bolsillo del Estado, con el cuento de que las convenciones colectivas son “ley entre las partes” y por ello son intocables, no siendo más que recetarios de jugosos privilegios.
Las convenciones colectivas existen en el orden jurídico costarricense, igual que en otros países. Pero los derechos no son para abusar de ellos ni los principios constitucionales, que le dan sustento, se pusieron como adorno en la Constitución Política. Por ello ésta, precisamente es la que, junto a los tratados internacionales laborales son los que se han encargado de decir cuánto y hasta dónde. Los derechos no son ilimitados para nadie.
Hay principios jurídicos y morales (proporcionalidad, justicia, equidad, igualdad, racionabilidad, razonabilidad, ponderación, lógica, etc.) que son ejes, del ordenamiento jurídico para servir de parámetro con aquellas que se equiparen a la ley, en el caso de las convenciones colectivas, según el art. 62 de la Constitución Política.
Si este mecanismo, desde hace años, se ha prostituido es porque le han faltado amarrase la faja a los jerarcas públicos, en las que, desde hace algún tiempo, y ante acciones de inconstitucionalidad que se le plantean, la Sala Constitucional, ha puesto orden en el pillaje de las arcas públicas.
Cuando, por sólo poner un ejemplo, de cientos, dicen que alguien, por llegar puntual a su trabajo recibe “un premio” o porque cumple años o se casa o peor aún, si es sindicalista sin trabajar ni un minuto ganará lo mismo que los trabajadores que sí lo hacen, eso es abuso, prostitución, de un instrumento que nació con buenas intenciones pero que lo han tomado para robarle al Estado.
Las convenciones colectivas, al igual que toda la normativa laboral, si la desnaturalizan, deben correr la misma suerte. No puede permitirse que en un país donde hay un millón de personas que viven en la pobreza, algunos se receten con cuchara grande.
Ciertamente, las convenciones colectivas, son un instrumento jurídico que los trabajadores pueden echar mano para mejorar las condiciones mínimas de trabajo pero muy distinto es que se utilicen para robar y hacer de las suyas con los que es de todos los costarricenses.
Y que el gobierno no se haga de la vista gorda; que denuncie, a tiempo, estas gorrerías, pues sino será el único responsable de que se mantenga esta piñata con el erario público. ¡Basta ya de tanta corrupción!