Concretamente, me refiero a la manifiesta intención de algunos, en el gobierno, de cambiar nuestro modelo democrático; ese que nos ha caracterizado y que tanto prestigio nos ha dado en todo el mundo. Esto al pretender quitar de los estrados judiciales ciertos procesos, que actualmente son de su competencia, para pasarlos a una oficina administrativa de un Ministerio o de una institución autónoma.
Mi decir lo fundamento en, primero, apareció el proyecto-borrador para una nueva Ley de Radio y Televisión; en cuyo texto se facultaba a una dependencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para que evaluara y fallara sobre eventuales incorrecciones en las transmisiones de una radioemisora o televisora y dispusiera, por sí y ante sí, la sanción a aplicar; esta podría ser hasta el retiro definitivo de la concesión.
Luego aparecen otros proyectos de ley, promovidos por el Ministerio de Hacienda y por la Caja Costarricense del Seguro Social, que disponen el embargo de los bienes de potenciales deudores, solo siguiendo un procedimiento administrativo, donde prevalecerá el criterio único de una dependencia del citado ministerio o de la Caja.
Finalmente surge la iniciativa del INVU, con la cual se pretende que mediante un reglamento imponer limitantes a la propiedad privada, concretamente, a la propiedad en condominios.
Las iniciativas antes señaladas, de alguna forma, violentan diferentes leyes y hasta la misma Constitución Política. Todas tienen un claro denominador común y este es fortalecer y concentrar el poder de acción y coerción en entidades del Gobierno; estas actuarían, por sí ante sí, decidiendo unilateral y peligrosamente la suerte del encausado pues al no haber intervención del Poder Judicial; el Gobierno sería así juez y parte.
Siendo generosos, podemos pensar que estas iniciativas son aisladas y solo son ocurrencias de alguna o algunas personas desubicadas y que no obedecen a una perversa estrategia oficial para cambiar nuestro modelo democrático, base de nuestra paz social.
Sin embargo, para no caer en infantilismos y ligerezas, debemos pedirle, de forma muy respetuosa pero vehemente, al Gobierno de la República y en especial al señor Presidente de la República que, claramente, defina su posición ante estas manifiestas y peligrosas iniciativas. Y así que nadie luego se llame a engaño pues cuando el río suena, piedras trae.