Como consecuencia de la crisis financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la reciente huelga que irresponsablemente decretaron los anestesiólogos y del apoyo que ese movimiento recibió de parte de la Unión Médica Nacional y de de otras organizaciones gremiales del sector salud, así como de una buena parte del personal médico y paramédico de la Institución, se ha hecho evidente para todos, que la Caja del Seguro Social, cuya importancia nadie discute, no puede seguir funcionando bajo los esquemas diseñados hace setenta años por sus fundadores y debe ser reorganizada, para poder garantizarle a los asegurados un servicio ininterrumpido y eficiente, acorde con los nuevos parámetros adoptados actualmente en esta materia por los países más civilizados, en donde la salud pública constituye una prioridad indiscutible.
No pretendemos, desde luego, presentar ni siquiera un esbozo de esa reorganización, pues esto es tarea reservada a médicos salubristas y expertos en Administración, pero como una contribución al problema, permítasenos señalar algunos puntos medulares que consideramos indispensables en cualquier reorganización que llegue a plantearse: 1) Cualquier reorganización debe partir del reconocimiento de que, los megahospitales que actualmente pretende administrar la Caja del Seguro Social, son, en la práctica, instituciones muy complejas, que requieren, para su funcionamiento, de un personal muy numeroso, que organizado en sindicatos, liderados por dirigentes cuyo único norte es el beneficio personal de los agremiados, pueden llegar, como la experiencia lo demuestra, a constituirse, de hecho, en rectores de la Institución imponiéndole sus directrices a los Administradores legalmente nombrados, bajo la amenaza de paralizar los servicios que por ley deben brindarse a los asegurados.
Aunque el artículo 61 de la Constitución Política prohíbe la huelga o el paro en los servicios públicos y el Código de Trabajo establece todo un procedimiento para que los trabajadores puedan decretar una huelga legal, estas disposiciones en la práctica son letra muerta, pues ante una suspensión de labores, por ilegal que sea, los directores de la Institución siempre acaban por doblegarse a las pretensiones de los huelguistas para evitar una catástrofe nacional. 2) Una solución legal al problema consistente en prohibir la existencia de sindicatos en el sector público y la celebración de convenciones colectivas en ese mismo sector, aunque no debe descartarse “a priori”, no podría implementarse a corto plazo, pues involucra reformas constitucionales polémicas, por lo que hay que buscar una solución más práctica e inmediata. 3) Como se ha hecho en otros países que han confrontado el mismo problema al que nos estamos refiriendo,
El Estado ha estimulado a los médicos para que se organicen en clínicas privadas, en donde, bajo tarifas reguladas, se prestan servicios a los asegurados por cuenta del Seguro Social.
Los actuales hospitales, que cuentan con equipo muy sofisticado que no estaría al alcance de las clínicas privadas, pasarían a arrendar ese equipo a los médicos que lo requieran y éstos, a su vez incluirían ese servicio, en sus cuentas. En esta forma se le resta fuerza a los sindicatos; se aleja el fantasma de las huelgas y se garantiza al asegurado un servicio rápido y eficiente, brindándole de paso el derecho a la libre elección del médico o médicos tratantes.
06 de Enero del 2012.
Como consecuencia de la crisis financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la reciente huelga que irresponsablemente decretaron los anestesiólogos y del apoyo que ese movimiento recibió de parte de la Unión Médica Nacional y de de otras organizaciones gremiales del sector salud,
así como de una buena parte del personal médico y paramédico de la Institución, se ha hecho evidente para todos, que la Caja del Seguro Social, cuya importancia nadie discute, no puede seguir funcionando bajo los esquemas diseñados hace setenta años por sus fundadores y debe ser reorganizada, para poder garantizarle a los asegurados un servicio ininterrumpido y eficiente, acorde con los nuevos parámetros adoptados actualmente en esta materia por los países más civilizados, en donde la salud pública constituye una prioridad indiscutible.
No pretendemos, desde luego, presentar ni siquiera un esbozo de esa reorganización, pues esto es tarea reservada a médicos salubristas y expertos en Administración, pero como una contribución al problema, permítasenos señalar algunos puntos medulares que consideramos indispensables en cualquier reorganización que llegue a plantearse: 1) Cualquier reorganización debe partir del reconocimiento de que, los megahospitales que actualmente pretende administrar la Caja del Seguro Social, son, en la práctica, instituciones muy complejas, que requieren, para su funcionamiento, de un personal muy numeroso, que organizado en sindicatos, liderados por dirigentes cuyo único norte es el beneficio personal de los agremiados, pueden llegar, como la experiencia lo demuestra, a constituirse, de hecho, en rectores de la Institución imponiéndole sus directrices a los Administradores legalmente nombrados, bajo la amenaza de paralizar los servicios que por ley deben brindarse a los asegurados.
Aunque el artículo 61 de la Constitución Política prohíbe la huelga o el paro en los servicios públicos y el Código de Trabajo establece todo un procedimiento para que los trabajadores puedan decretar una huelga legal, estas disposiciones en la práctica son letra muerta, pues ante una suspensión de labores, por ilegal que sea, los directores de la Institución siempre acaban por doblegarse a las pretensiones de los huelguistas para evitar una catástrofe nacional. 2) Una solución legal al problema consistente en prohibir la existencia de sindicatos en el sector público y la celebración de convenciones colectivas en ese mismo sector, aunque no debe descartarse “a priori”, no podría implementarse a corto plazo, pues involucra reformas constitucionales polémicas, por lo que hay que buscar una solución más práctica e inmediata. 3) Como se ha hecho en otros países que han confrontado el mismo problema al que nos estamos refiriendo, El Estado ha estimulado a los médicos para que se organicen en clínicas privadas, en donde, bajo tarifas reguladas, se prestan servicios a los asegurados por cuenta del Seguro Social.
Los actuales hospitales, que cuentan con equipo muy sofisticado que no estaría al alcance de las clínicas privadas, pasarían a arrendar ese equipo a los médicos que lo requieran y éstos, a su vez incluirían ese servicio, en sus cuentas. En esta forma se le resta fuerza a los sindicatos; se aleja el fantasma de las huelgas y se garantiza al asegurado un servicio rápido y eficiente, brindándole de paso el derecho a la libre elección del médico o médicos tratantes.
06 de Enero del 2012.
