Esta rara entelequia que algunos  políticos o aspirantes a tales han  dado en llamar “democracia participativa”, es un proyecto inviable, que termina por negarse a sí  mismo, pues un gobierno en el que todos gobiernen, es una contradicción en los términos que solo puede conducir al caos y a la anarquía. La complejidad de la Administración del Estado hace  imperativo que el Poder, en sus diversas formas, radique en determinados órganos, que normalmente  son los encargados de tomar las decisiones apropiadas, que todos los ciudadanos estamos obligados a respetar.  Aunque sería muy del agrado de los agitadores profesionales,  ningún  país  puede ser gobernado a base de referendos. Antes de continuar, permítasenos  dejar muy en claro, que lo anterior no significa, ni mucho menos,  que los gobernantes  puedan prescindir del respaldo popular. Éste es imprescindible, porque  contrariamente a lo que algunos  suponen, el Gobierno en última instancia,   no descansa en la fuerza ni en la imposición,  sino en la aquiescencia de los  gobernados. Aunque  parezca increíble, muchos regímenes ya fenecidos, que hoy miramos con horror, contaron en su momento inicial con un amplio respaldo popular, pues la Historia  enseña que los pueblos también se equivocan, al igual que las personas. La Alemania nazi, la Rusia soviética y hasta el vulgar régimen de Gadaffi tuvieron en su momento, una amplia aceptación en sus países,  pues de no haber sido así, estos movimientos jamás hubieran podido consolidarse en el poder.

Pero el hecho de que el ejercicio tranquilo del poder debe descansar en un amplio respaldo popular,  no nos debe llevar al equívoco de suponer que el Gobierno tenga que estar consultando  todos sus  actos y medidas con los administrados o tolerar su intromisión en las funciones que le son propias. Como aparentemente  aquí  todos estamos dormidos, a excepción de quienes trabajan incansablemente por cambiar el país que nos heredaron nuestros padres y abuelos, no sé cómo pudo aprobarse la reforma al artículo 9 de la Constitución Política, que declaraba que el Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable, para agregarle, por Ley 8364 de 1 de Julio del 2003,  el calificativo de ”participativo”, el cual ha dado pie a los agitadores para considerarse “cogobernantes” y con tal pretexto,   movilizar a las masas conforme a sus intereses. Ya estamos cosechando los frutos de tantos años de  demagogia barata, pues, como por una u otra razón lo comprobamos todos los días,   nuestro otrora  tranquilo y ordenado  país se ha tornado ingobernable : la  constante injerencia de los sindicatos del sector público y otras  organizaciones sociales del mismo corte, aunada a la falta de autoridad y al crecimiento desmedido de la burocracia, son los principales obstáculos que causan desconcierto y desaliento en los ciudadanos y  frenan nuestro  progreso.

Pero como dice un antiguo  refrán popular “lo bueno que tiene esto, es lo malo que se está poniendo”, se percibe en el país  el sentimiento generalizado de que esto no puede continuar así; que es preciso restablecer el principio de autoridad; que  el proceso que nos ha conducido al lamentable estado en que ahora nos encontramos, debe revertirse.  Sobre todo esto tendremos que ahondar en  próximos comentarios.

Esta rara entelequia que algunos  políticos o aspirantes a tales han  dado en llamar “democracia participativa”, es un proyecto inviable, que termina por negarse a sí  mismo, pues un gobierno en el que todos gobiernen, es una contradicción en los términos que solo puede conducir al caos y a la anarquía. La complejidad de la Administración del Estado hace  imperativo que el Poder, en sus diversas formas, radique en determinados órganos, que normalmente  son los encargados de tomar las decisiones apropiadas, que todos los ciudadanos estamos obligados a respetar.