Sería mezquino e injusto no reconocer los esfuerzos que prácticamente en todos los campos, ha realizado la Administración Arias, cuyos frutos, en algunos casos, ya son palpables y evidentes para todos.
La inseguridad, que es el principal problema que hoy día preocupa a los costarricenses, tampoco puede decirse que ha sido dejado a un lado por el Gobierno. Prueba de ello es el Proyecto para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, que junto con otros proyectos complementarios e importantes reformas a leyes ya existentes, ha enviado a la Asamblea Legislativa. Este paquete constituye sin duda alguna, un esfuerzo serio para tratar de resolver uno de los más graves problemas que confrontamos.
Desafortunadamente, aunque podamos estar de acuerdo con algunas de las iniciativas que se proponen, nos parece que hay un error medular en el punto de partida, que hará que el proyecto en conjunto, pese a sus innegables buenas intenciones, encalle en medio camino y no logre sus propósitos definitivos. Ese error fundamental, se encuentra claramente enunciado en el artículo que el propio señor Presidente, publicó bajo el título de “La Piedra filosofal de la seguridad ciudadana”, en la página 29 A de “La Nación” del 02 de Abril último y consiste en pretender combatir la delincuencia pero manteniendo intacto, al mismo tiempo, el marco constitucional de las garantías individuales.
Es precisamente ese marco legal, creado por la Constitución de 1949, en una época muy diferente a la que estamos viviendo hoy día, que ha permitido que delincuentes avezados y audaces, abusando de las libérrimas garantías que les ofrece el país, nos hayan podido llevar al lamentable estado en que actualmente nos encontramos. Consecuentemente, no podremos avanzar efectivamente en el combate frontal a la delincuencia, mientras nos empeñamos en mantener esquemas que se justificaron en otra época, pero que hoy se encuentran periclitados sin remedio. Para adelantarnos a previsibles objeciones y tranquilizar a quienes puedan sentirse amenazados por nuestro planteamiento, me permito asegurarles que no pretendemos que se entregue el país a la arbitrariedad de las autoridades de policía, cuya acción incontrolada puede, a la larga, resultar tan perjudicial como las acciones de los mismos delincuentes a los que se quiere combatir.
Lo que pretendemos es que se logren las condiciones para que la policía, siempre dentro del marco de la Constitución y las leyes, puedan actuar más eficazmente y no se le brinde al delincuente tantos portillos legales por donde pueda escapar a la acción de la justicia.
Que ningún delincuente extranjero pueda volver a declarar, al momento de ser expulsado del país, que regresará pronto, pues robar aquí, es “un vacilón”. Un ejemplo, entre mucho, permitirá comprender mejor nuestro planteamiento: A todas horas del día y de la noche, vagan por las calles de nuestras principales ciudades, grupos de sujetos, sin oficio ni medios de subsistencia conocidos, visiblemente intoxicados, quienes ofrecen baratijas o abiertamente piden limosna agresivamente y obstaculizan el tráfico de otras personas y de vehículos, creando muchas veces situaciones de riesgo.
Desafortunadamente, la policía no puede hacer nada, pues mientras no sean sorprendidos “in fraganti”, no es posible detenerlos, ya que el artículo 37 de la Constitución, establece que “nadie puede ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido un delito”. Sin embargo, sabemos que todos los que se encuentran en esas condiciones, son delincuentes potenciales y que de esos grupos de vagabundos han salido los que han matado a jóvenes para robarles sus teléfonos celulares y los que acostumbran romper las ventanas de los vehículos para arrebatarles sus pertenencias a los conductores.
Es preciso en consecuencia, legislar contra estos vagos y reformar la Constitución para permitir que estos potenciales delincuentes, puedan ser declarados judicialmente “en estado de peligrosidad”, sometidos a una cura de desintoxicación y seguidamente obligados a trabajar, bajo vigilancia en algunas obras públicas, mediante una retribución adecuada. Para estos efectos, El Estado tendría que elaborar programas, por ejemplo de reparación de vías y reforestación, que permitan brindarle ocupación a estas personas, pues aunque posiblemente no constituyan una mano de obra de calidad, el trabajo que realicen contribuirá indudablemente a su rehabilitación. Somos conscientes de que la implementación de estas medidas pueden tomar tiempo, pero una vez que hayamos aceptado que no es posible comerse el pastel y guardarlo, o sea enfrentar el problema de la delincuencia y mantener sin modificación el actual marco legal y constitucional, habría que empezar a trabajar sin dilación en ese sentido.
Paralelamente y como no hay tiempo que perder, podría implementarse las iniciativas valiosas planteadas por el Poder Ejecutivo. En próximos comentarios y siempre con el deseo de aportar nuestra modesta contribución, nos referimos a otros aspectos del problema de la seguridad, que nos parecen mal enfocados o que sencillamente han sido ignorados en el paquete que el Gobierno ha enviado a la Asamblea Legislativa.