No obstante cuando leemos el proyecto nos damos cuenta que la verdad es que esta iniciativa en el fondo significa renunciar a una serie de derechos de los contribuyentes en pos de lograr atribuciones desmedidas del Estado y la verdad es que no hay razón para que la recolección de impuestos sea a costa de quitarle derechos a los contribuyentes.
Desde esa perspectiva, lo más grave es trasladar las gestiones de cobro que hoy se encuentran en manos del Poder Judicial, como sucede con cualquier gestión cobratoria, para que sean tramitadas administrativamente. En otras palabras para cobrar los impuestos ya no habrá un juicio ante los tribunales sino que será la misma Tributación Directa la que hará el trámite cobratorio.
Eso significa que tendremos a las autoridades fiscales haciendo el cálculo de los impuestos “defraudados” y a la vez el cobro de esas sumas, es lo que podríamos llamar la administración tributaria será juez jurado y verdugo. Algo que no podemos aceptar.
Esto sin lugar a dudas es violatorio de nuestra Constitución Política (párrafo 2 del artículo 9) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo8.1) por lo que resulta sorprendente que algunas voces defiendan y promuevan esta norma.
Ya otros países intentaron aplicar disposiciones como esta y sus cortes de control constitucional las anularon, el caso mas elocuente es el de Argentina.
Algunos defensores de esta aberración jurídica, utilizan como argumento que en otros países la norma ya existe, lo cual es una análisis superficial y ligero de la realidad jurídica de esas naciones, dado que en algunas de esos países no es requisito el cobro judicial para retirarle un carro a un deudor moroso, basta con que el acreedor lo recoja en la calle, sin proceso judicial, e igualmente se pueden realizar detenciones administrativas en caso de “sospechosos de terrorismo” sin orden judicial. Se pueden realizar escuchas telefónicas sin que un juez las autorice. En otras palabras el sistema es totalmente diferente y no se trata de copiarlo solo de manera parcial.
Dichosamente instituciones como el Colegio de Abogados ya alzaron la vos contra la reforma y han solicitado al la Asamblea Legislativa archivar semejante pretensión, lo que sin duda fortalecerá la lucha para no permitir que esta iniciativa se convierta en ley.
Sin embargo es importante poner atención, porque esta no es una iniciativa aislada, va de la mano con otras propuestas del Poder Ejecutivo y de la administración Solis Rivera de fortalecer el rol de la administración sin necesidad de intervención del Poder Judicial, como lo fue la propuesta de ley de Radio y Televisión y el reglamento presentado por el INVU para regular condominios y urbanizaciones, ambos con un clarísimo sesgo anti propiedad privada.
Es casi un hecho que ante estas propuestas la posición democrática ha prevalecido y las nefastas intenciones han sido archivadas, pero no debemos confiarnos porque hay toda una intención de avanzar en esa terrible línea y el gobierno cuenta con oficiosos aliados en la Asamblea Legislativa.
Por Antonio Alvarez
