Orlando Castro Quesada

Orlando Castro Quesada

La frase anterior que sirve de título a este comentario, tiene una gran verdad pues son muchas y muchos los costarricenses que sinceramente quieren ver a este país enrumbado por sendas de libertad, justicia, respeto, inclusión y democracia.
A pesar de los grandes y muchos desaciertos de varios funcionarios públicos en el debido cumplimiento de sus nobles tareas, también existen otros que, día a día, hacen su mejor esfuerzo por cumplir a cabalidad con sus responsabilidades laborales y además lo hacen con cariño y respeto hacia quienes transitoriamente son sus usuarios.
Ante el gran desánimo sobre el presente y el futuro de Costa Rica, muchos ciudadanos se están congregando en diferentes grupos, lugares y modos para analizar las razones que están provocando todo este desorden que viene experimentando la Patria.
Eso con el propósito no solo de hacer el diagnóstico y la crítica, sino también para aportar ideas sobre cómo hacer para mejorar y coadyuvar para que las cosas en Costa Rica comiencen a cambiar para bien de todas las personas que vivimos en esta nación, tan venida a menos por responsabilidad directa de quienes han sido elegidos para dirigir sus destinos y no han sabido o se han quedado muy cortos en cumplir tan importante responsabilidad.
En Costa Rica hay muchas mujeres y hombres con importantes valores morales, éticos, cívicos y además muy capacitados para sumarse a la impostergable tarea de restauración de los valores que otrora hicieron grande a la Patria, para beneficio y orgullo de quienes nacimos en esta noble tierra y para ejemplo de las demás naciones.
Sin embargo, parte importante de la ciudadanía se encuentra apática y cuidado sino hasta, peligrosamente, indiferente sobre su responsabilidad personal para convertirse un actor directo de esta tarea de darle un nuevo rumbo a Costa Rica.
Las amenazas, retos y oportunidades que como nación tenemos al frente, solo cada uno de nosotros, de manera personal, podrá decidir cómo las va a asumir y cómo puede contribuir a mejorar la situación de Costa Rica pero lo que sí es válido para todos, es que nadie que verdaderamente ame a esta Patria puede seguir pensando que ella o él nada o muy poco pueden hacer por ayudar a mejorarla.
Actuar así es una decisión personal y confío que la inmensa mayoría de hijas e hijos de Costa Rica, le digan presente, porque solo así, no todo estará perdido pero reitero y con vehemencia, que si no hacemos algo ya, si se perderá.
La frase anterior que sirve de título a este comentario, tiene una gran verdad pues son muchas y muchos los costarricenses que sinceramente quieren ver a este país enrumbado por sendas de libertad, justicia, respeto, inclusión y democracia.
La frase anterior que sirve de título a este comentario, tiene una gran verdad pues son muchas y muchos los costarricenses que sinceramente quieren ver a este país enrumbado por sendas de libertad, justicia, respeto, inclusión y democracia.
A pesar de los grandes y muchos desaciertos de varios funcionarios públicos en el debido cumplimiento de sus nobles tareas, también existen otros que, día a día, hacen su mejor esfuerzo por cumplir a cabalidad con sus responsabilidades laborales y además lo hacen con cariño y respeto hacia quienes transitoriamente son sus usuarios.
Ante el gran desánimo sobre el presente y el futuro de Costa Rica, muchos ciudadanos se están congregando en diferentes grupos, lugares y modos para analizar las razones que están provocando todo este desorden que viene experimentando la Patria.
Eso con el propósito no solo de hacer el diagnóstico y la crítica, sino también para aportar ideas sobre cómo hacer para mejorar y coadyuvar para que las cosas en Costa Rica comiencen a cambiar para bien de todas las personas que vivimos en esta nación, tan venida a menos por responsabilidad directa de quienes han sido elegidos para dirigir sus destinos y no han sabido o se han quedado muy cortos en cumplir tan importante responsabilidad.
En Costa Rica hay muchas mujeres y hombres con importantes valores morales, éticos, cívicos y además muy capacitados para sumarse a la impostergable tarea de restauración de los valores que otrora hicieron grande a la Patria, para beneficio y orgullo de quienes nacimos en esta noble tierra y para ejemplo de las demás naciones.
Sin embargo, parte importante de la ciudadanía se encuentra apática y cuidado sino hasta, peligrosamente, indiferente sobre su responsabilidad personal para convertirse un actor directo de esta tarea de darle un nuevo rumbo a Costa Rica.
Las amenazas, retos y oportunidades que como nación tenemos al frente, solo cada uno de nosotros, de manera personal, podrá decidir cómo las va a asumir y cómo puede contribuir a mejorar la situación de Costa Rica pero lo que sí es válido para todos, es que nadie que verdaderamente ame a esta Patria puede seguir pensando que ella o él nada o muy poco pueden hacer por ayudar a mejorarla.
Actuar así es una decisión personal y confío que la inmensa mayoría de hijas e hijos de Costa Rica, le digan presente, porque solo así, no todo estará perdido pero reitero y con vehemencia, que si no hacemos algo ya, si se perderá.
La frase anterior que sirve de título a este comentario, tiene una gran verdad pues son muchas y muchos los costarricenses que sinceramente quieren ver a este país enrumbado por sendas de libertad, justicia, respeto, inclusión y democracia.
La respuesta afirmativa a la pregunta que sirve de título a este comentario, la han dado, principalmente, quienes han ocupado altos cargos públicos, desde presidentes hasta ministros de la Presidencia. Probablemente, el fundamento de este decir es, primero, que no lograron imponer sus criterios a la Asamblea Legislativa, con lo cual se sintieron frustrados. Y segundo, ciertamente, mucho más importante que la anterior razón, es porque desconocían o ignoraban el ordenamiento jurídico de mayor rango; entendido este por la Constitución Política y unas pocas leyes mayores, como lo son la Ley General de Administración Pública, la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos y sobretodo las leyes de Planificación y la de la Contraloría General de la República.
El cuerpo jurídico anterior, dota a los funcionarios públicos, en todos sus niveles, del marco legal suficiente y necesario, para llevar a cabo una gestión administrativa eficaz y eficiente. Si no lo hacen con apego a la ley, es su responsabilidad y no del marco jurídico.
El doctor Johnny Meoño Segura, académico, comentarista de La Nación, pero sobretodo profundo y analítico estudioso de la Administración Pública de Costa Rica, por más de 35 años, titula uno de muchos artículos sobre este tema “¿Por qué se gobierna mal?”. Sintetizando el citado artículo nos dice “Hemos visto propuestas partidistas infundadas en lo legal y viciadas de ineficacia administrativa pues responden a numerosas improvisaciones de personas que decidieron partir “de cero” en sus diagnósticos y propuestas, producto ello de querer “ahorrarse” el esfuerzo intelectual y académicamente laborioso de estudiar, reconocer y aplicar ese aparentemente complejo pero sistémico marco legal vigente que, es nuestra tesis de décadas, sí permite máxima gobernabilidad del país… siempre y cuando sea debidamente sistematizado y jerarquizado en lo conceptual, competencial y funcional.
Lo anteriormente citado del doctor Meoño Segura, nos sirve para afirmar que la supuesta ingobernabilidad tan careada por los altos funcionarios públicos y políticos, no es otra cosa que el producto de la falta de estudio, conocimiento y capacidad para aprender sobre las bases jurídicas que dan sustento a nuestra Administración Pública. Esto es debido a, como muy atinadamente dice don Johnny, “…querer “ahorrarse” el esfuerzo intelectual y académicamente laborioso de estudiar, reconocer y aplicar ese aparentemente complejo pero sistémico marco legal vigente…”.
Sin embargo, igualmente existe algún importante sector de la ciudadanía que tiene la misma percepción de que el país es ingobernable, empero, habría que decir que sus motivos son de origen muy distinto al que tienen los políticos, citados en el párrafo anterior; las razones de este otro descontento, se encuentran en la falta de respuestas oportunas por parte del Estado a las necesidades y expectativas, cada vez más crecientes, de la ciudadanía. Cuando una persona requiere cualquier tipo de servicio o bien del Estado y lo único que obtiene es una interminable retahíla de que no se puede o tiene que esperar hasta que San Juan baje el dedo -como dice el viejo refrán popular-, es cuando la gente siente que el Estado es ingobernable pero lo que real y simplemente es, es inoperante pero no por culpa del marco jurídico, sino por la ignorancia de quienes tienen a su cargo nuestra administración pública.
La respuesta afirmativa a la pregunta que sirve de título a este comentario, la han dado, principalmente, quienes han ocupado altos cargos públicos, desde presidentes hasta ministros de la Presidencia. Probablemente, el fundamento de este decir es, primero, que no lograron imponer sus criterios a la Asamblea Legislativa, con lo cual se sintieron frustrados.
La respuesta afirmativa a la pregunta que sirve de título a este comentario, la han dado, principalmente, quienes han ocupado altos cargos públicos, desde presidentes hasta ministros de la Presidencia. Probablemente, el fundamento de este decir es, primero, que no lograron imponer sus criterios a la Asamblea Legislativa, con lo cual se sintieron frustrados. Y segundo, ciertamente, mucho más importante que la anterior razón, es porque desconocían o ignoraban el ordenamiento jurídico de mayor rango; entendido este por la Constitución Política y unas pocas leyes mayores, como lo son la Ley General de Administración Pública, la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos y sobretodo las leyes de Planificación y la de la Contraloría General de la República.
El cuerpo jurídico anterior, dota a los funcionarios públicos, en todos sus niveles, del marco legal suficiente y necesario, para llevar a cabo una gestión administrativa eficaz y eficiente. Si no lo hacen con apego a la ley, es su responsabilidad y no del marco jurídico.
El doctor Johnny Meoño Segura, académico, comentarista de La Nación, pero sobretodo profundo y analítico estudioso de la Administración Pública de Costa Rica, por más de 35 años, titula uno de muchos artículos sobre este tema “¿Por qué se gobierna mal?”. Sintetizando el citado artículo nos dice “Hemos visto propuestas partidistas infundadas en lo legal y viciadas de ineficacia administrativa pues responden a numerosas improvisaciones de personas que decidieron partir “de cero” en sus diagnósticos y propuestas, producto ello de querer “ahorrarse” el esfuerzo intelectual y académicamente laborioso de estudiar, reconocer y aplicar ese aparentemente complejo pero sistémico marco legal vigente que, es nuestra tesis de décadas, sí permite máxima gobernabilidad del país… siempre y cuando sea debidamente sistematizado y jerarquizado en lo conceptual, competencial y funcional.
Lo anteriormente citado del doctor Meoño Segura, nos sirve para afirmar que la supuesta ingobernabilidad tan careada por los altos funcionarios públicos y políticos, no es otra cosa que el producto de la falta de estudio, conocimiento y capacidad para aprender sobre las bases jurídicas que dan sustento a nuestra Administración Pública. Esto es debido a, como muy atinadamente dice don Johnny, “…querer “ahorrarse” el esfuerzo intelectual y académicamente laborioso de estudiar, reconocer y aplicar ese aparentemente complejo pero sistémico marco legal vigente…”.
Sin embargo, igualmente existe algún importante sector de la ciudadanía que tiene la misma percepción de que el país es ingobernable, empero, habría que decir que sus motivos son de origen muy distinto al que tienen los políticos, citados en el párrafo anterior; las razones de este otro descontento, se encuentran en la falta de respuestas oportunas por parte del Estado a las necesidades y expectativas, cada vez más crecientes, de la ciudadanía. Cuando una persona requiere cualquier tipo de servicio o bien del Estado y lo único que obtiene es una interminable retahíla de que no se puede o tiene que esperar hasta que San Juan baje el dedo -como dice el viejo refrán popular-, es cuando la gente siente que el Estado es ingobernable pero lo que real y simplemente es, es inoperante pero no por culpa del marco jurídico, sino por la ignorancia de quienes tienen a su cargo nuestra administración pública.
La respuesta afirmativa a la pregunta que sirve de título a este comentario, la han dado, principalmente, quienes han ocupado altos cargos públicos, desde presidentes hasta ministros de la Presidencia. Probablemente, el fundamento de este decir es, primero, que no lograron imponer sus criterios a la Asamblea Legislativa, con lo cual se sintieron frustrados.
La respuesta afirmativa a la pregunta que sirve de título a este comentario, la han dado, principalmente, quienes han ocupado altos cargos públicos, desde presidentes hasta ministros de la Presidencia. Probablemente, el fundamento de este decir es, primero, que no lograron imponer sus criterios a la Asamblea Legislativa, con lo cual se sintieron frustrados. Y segundo, ciertamente, mucho más importante que la anterior razón, es porque desconocían o ignoraban el ordenamiento jurídico de mayor rango; entendido este por la Constitución Política y unas pocas leyes mayores, como lo son la Ley General de Administración Pública, la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos y sobretodo las leyes de Planificación y la de la Contraloría General de la República.
El cuerpo jurídico anterior, dota a los funcionarios públicos, en todos sus niveles, del marco legal suficiente y necesario, para llevar a cabo una gestión administrativa eficaz y eficiente. Si no lo hacen con apego a la ley, es su responsabilidad y no del marco jurídico.
El doctor Johnny Meoño Segura, académico, comentarista de La Nación, pero sobretodo profundo y analítico estudioso de la Administración Pública de Costa Rica, por más de 35 años, titula uno de muchos artículos sobre este tema “¿Por qué se gobierna mal?”. Sintetizando el citado artículo nos dice “Hemos visto propuestas partidistas infundadas en lo legal y viciadas de ineficacia administrativa pues responden a numerosas improvisaciones de personas que decidieron partir “de cero” en sus diagnósticos y propuestas, producto ello de querer “ahorrarse” el esfuerzo intelectual y académicamente laborioso de estudiar, reconocer y aplicar ese aparentemente complejo pero sistémico marco legal vigente que, es nuestra tesis de décadas, sí permite máxima gobernabilidad del país… siempre y cuando sea debidamente sistematizado y jerarquizado en lo conceptual, competencial y funcional.
Lo anteriormente citado del doctor Meoño Segura, nos sirve para afirmar que la supuesta ingobernabilidad tan careada por los altos funcionarios públicos y políticos, no es otra cosa que el producto de la falta de estudio, conocimiento y capacidad para aprender sobre las bases jurídicas que dan sustento a nuestra Administración Pública. Esto es debido a, como muy atinadamente dice don Johnny, “…querer “ahorrarse” el esfuerzo intelectual y académicamente laborioso de estudiar, reconocer y aplicar ese aparentemente complejo pero sistémico marco legal vigente…”.
Sin embargo, igualmente existe algún importante sector de la ciudadanía que tiene la misma percepción de que el país es ingobernable, empero, habría que decir que sus motivos son de origen muy distinto al que tienen los políticos, citados en el párrafo anterior; las razones de este otro descontento, se encuentran en la falta de respuestas oportunas por parte del Estado a las necesidades y expectativas, cada vez más crecientes, de la ciudadanía. Cuando una persona requiere cualquier tipo de servicio o bien del Estado y lo único que obtiene es una interminable retahíla de que no se puede o tiene que esperar hasta que San Juan baje el dedo -como dice el viejo refrán popular-, es cuando la gente siente que el Estado es ingobernable pero lo que real y simplemente es, es inoperante pero no por culpa del marco jurídico, sino por la ignorancia de quienes tienen a su cargo nuestra administración pública.
La respuesta afirmativa a la pregunta que sirve de título a este comentario, la han dado, principalmente, quienes han ocupado altos cargos públicos, desde presidentes hasta ministros de la Presidencia. Probablemente, el fundamento de este decir es, primero, que no lograron imponer sus criterios a la Asamblea Legislativa, con lo cual se sintieron frustrados.
En La Nación del pasado, 16 de junio el titular rezaba “Caja pagó más de la cuenta por cesantía durante once años”, no me voy a referir al fondo de esta nota periodística en cuanto así es válida en todos sus alcances o no.
Sin embargo, si la usaré como elemento probatorio del principal problema que sufre esta noble y estratégica institución social de nuestro país. Este mal no es más que de carácter político-administrativo. Este maléfico binomio entre políticos e incapaces administradores, ha venido atestando severos golpes a las finanzas y a la eficacia de los servicios prestados de la Caja.
Para nadie es un secreto que desde se crearon las presidencias ejecutivas, el poder político irrumpió en el seno de las diferentes juntas directivas de la instituciones autónomas, al limitarles su autonomía pues generalmente los presidentes ejecutivos de turno, han atendido más las directrices políticas originadas en Casa Presidencia, que en las oficinas técnicas de sus instituciones autónomas y, por supuesto, que la Caja no ha sido la excepción.
Esa falta de una Administración fundamentalmente técnica, ha derivado, en una muy pobre, por ineficaz e ineficiente, gestión administrativa; lo que indudablemente incide en no solo en la calidad servicios y/o bienes ofrecidos, sino también en la estabilidad financiera y económica de las instituciones administradas de esta forma.
En la Caja, concesiones excesivas para algunos de sus funcionarios, consultorías con altos costos pero con resultados inexistentes, la endémica deuda del sector público, la evasión de sus obligaciones por parte de algunos empresarios privados; son algunos ejemplos de las grandes fuentes de desequilibrio que la noble Caja debe enfrentar.
La disyuntiva que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social es clara, se impone terminar con la intervención politiquera en su Administración y así contar con gestión administrativa, efectivamente profesional, que aborde y resuelva de manera integral las amenazas, retos y oportunidades que esta institución social, debe resolver y así estar en capacidad de subsistir y, a la vez, brindar servicios de calidad a todos sus asegurados.
En La Nación del pasado, 16 de junio el titular rezaba “Caja pagó más de la cuenta por cesantía durante once años”, no me voy a referir al fondo de esta nota periodística en cuanto así es válida en todos sus alcances o no.
En La Nación del pasado, 16 de junio el titular rezaba “Caja pagó más de la cuenta por cesantía durante once años”, no me voy a referir al fondo de esta nota periodística en cuanto así es válida en todos sus alcances o no.
Sin embargo, si la usaré como elemento probatorio del principal problema que sufre esta noble y estratégica institución social de nuestro país. Este mal no es más que de carácter político-administrativo. Este maléfico binomio entre políticos e incapaces administradores, ha venido atestando severos golpes a las finanzas y a la eficacia de los servicios prestados de la Caja.
Para nadie es un secreto que desde se crearon las presidencias ejecutivas, el poder político irrumpió en el seno de las diferentes juntas directivas de la instituciones autónomas, al limitarles su autonomía pues generalmente los presidentes ejecutivos de turno, han atendido más las directrices políticas originadas en Casa Presidencia, que en las oficinas técnicas de sus instituciones autónomas y, por supuesto, que la Caja no ha sido la excepción.
Esa falta de una Administración fundamentalmente técnica, ha derivado, en una muy pobre, por ineficaz e ineficiente, gestión administrativa; lo que indudablemente incide en no solo en la calidad servicios y/o bienes ofrecidos, sino también en la estabilidad financiera y económica de las instituciones administradas de esta forma.
En la Caja, concesiones excesivas para algunos de sus funcionarios, consultorías con altos costos pero con resultados inexistentes, la endémica deuda del sector público, la evasión de sus obligaciones por parte de algunos empresarios privados; son algunos ejemplos de las grandes fuentes de desequilibrio que la noble Caja debe enfrentar.
La disyuntiva que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social es clara, se impone terminar con la intervención politiquera en su Administración y así contar con gestión administrativa, efectivamente profesional, que aborde y resuelva de manera integral las amenazas, retos y oportunidades que esta institución social, debe resolver y así estar en capacidad de subsistir y, a la vez, brindar servicios de calidad a todos sus asegurados.
En La Nación del pasado, 16 de junio el titular rezaba “Caja pagó más de la cuenta por cesantía durante once años”, no me voy a referir al fondo de esta nota periodística en cuanto así es válida en todos sus alcances o no.

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