Para nadie es un secreto el clima de violencia generalizada que se está viviendo en el país. La delincuencia común, a través de asaltados a mano armada, asesinatos para robar un celular, un día sí y otro también, aparece en los medios informativos. No existe seguridad ni en las calles, ni en las casas cercadas por rejas y alambre navaja.

Ante el actual panorama los tres poderes del Estado se reúnen y acuerdan un plan de acción para enfrentar la delincuencia generalizada que se vive en el país. Tal vez, de esas medidas tomadas, la más visible es la puesta en marcha de la llamada Ley de Flagrancia, por medio de la cual delincuentes agarrados in fraganti o como dice el dicho popular, con las manos en la masa, rápido son pasados al tribunal respectivo.

Esa entidad judicial, en pocos meses, de estar operando, ha demostrado su eficacia al poner tras las rejas a delincuentes, antes del acuerdo citado, seguramente, estos individuos hubieran seguido en las calles cometiendo sus fechorías.

Pero por favor que alguien me explique ¿Por qué si esta opción judicial existía, no había sido puesta en ejecución mucho tiempo atrás?

La prensa nacional hace varias semanas nos informaba que la Sala Constitucional había dejado sin efecto varios artículos de la ley sobre la violencia doméstica, específicamente, la que protege a las mujeres del abuso de sus esposos o compañeros sentimentales.

Unos cuantos días después de que se diera esa anulación, por parte de la Sala Constitucional, una mujer fue brutalmente agredida por quien fuera su compañero sentimental, quien además, según informaron los medios, tenía por orden judicial prohibido acercarse a su ex compañera.

El sujeto con alevosía  y ventaja, cita engañosamente a su ex mujer y cuando esta cándidamente se presenta al fatal encuentro, el tipo se ensaña contra ella, clavándole un puñal o chuchillo diecisiete veces.

Como es conocido por la mayoría de la gente, fue gracias a la actuación oportuna, valiente y hasta de heroica de unos estudiantes del colegio de la localidad, quienes al ver el brutal ataque, sin pensarlo dos veces, ni siquiera en su propia seguridad, se fueron contra el agresor, primero, golpeándolo con una bicicleta y luego entrándole a puntapiés entre todos. Esta acción, sin duda, fue la que le salvó la vida a esa indefensa mujer y es un buen ejemplo de que la seguridad es un asunto de todos, como rezaba un viejo slogan del Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación.

Pero el asunto, como mucha gente sabe, no terminó con el traslado al hospital de la zona a la herida y el agresor puesto por las autoridades represivas en la cárcel pues de manera inexplicable, una jueza en ejercicio de su competencia, deja en libertad al agresor, imponiéndole apenas ciertas medidas cautelares, aduciendo como justificación que tenía domicilio conocido, según lo informó la prensa nacional.

Por favor que alguien me explique ¿Cómo esa señora jueza no valoró el peligro en que ponía al dejar en libertad a un potencial homicida, no solo a la mujer herida, sino también a los menores que valientemente habían ido en su auxilio? Además independientemente de la anulación de la Sala Constitucional de algunos artículos de la ley que protege la integridad de las mujeres ¿A caso para el intento de homicidio, además premeditado, no existe otra ley que protege la vida humana y lo sanciona?