CANARA
El Sistema Penitenciario, abandonado en los últimos 10 años, está colapsado y es violatorio de los derechos humanos de los internos. En 1998 recibimos el Sistema en similares deplorables condiciones, con un porcentaje de hacinamiento carcelario del 32.2%. Al finalizar, sin imponer mayores cargas sobre las espaldas de los costarricenses y gracias a los esfuerzos de dos gobiernos de Unidad, ese mismo sistema penitenciario fue entregado en el 2006, con un superávit de cupos penitenciarios cercano al 3%.
Lamentablemente, la buena situación del sistema fue nuevamente dilapidada durante los 3 siguientes y más recientes gobiernos: en el 2014, el gobierno de la expresidente Chinchilla entregó el sistema de nuevo en déficit, con un índice de hacinamiento del 33.6%, y el actual gobierno lo ha elevado al 41.6%, según las estadísticas oficiales a mayo de este año. La liberación anticipada de reos, y la insistencia en despenalizar conductas o reducir penas. No es correcto ni atendible.
Si vemos hacia el futuro la preocupación aumenta: Los datos proyectados a 10 años plazo indican que el problema del sistema penitenciario,empeorará en forma acelerada si no hacemos algo para evitarlo.Por la ruta trazada por los últimos gobiernos el hacinamiento carcelario alcanzará el 57.9% en el año 2021, y cuatro años más tarde será del orden del 79.1%. Es decir que tenemos una gran bomba de tiempo en nuestras manos.
Ante esa grave situación, y dada la total incapacidad del gobierno para plantear una solución seria, hemos presentado mociones según las cuales pretendemos utilizar parte de los recursos que genere la nueva ley del impuesto a las sociedades, para financiar el diseño, la construcción, el equipamiento y el mantenimiento de nueva infraestructura penitenciaria, de la siguiente forma:Los dos primeros años se destinaría el 45% de los ingresos previsibles por concepto de ese impuesto; el 35% el tercer año; el 25% el cuarto año; y el 15% en los años siguientes. Durante aquél período tendríamos la capacidad de construir 5.600 nuevos espacios.
Con el saldo moroso de ese mismo impuesto aplicado a esta soluciónpodríamos agregar más de 126 mil millones de colones, y con ello tendríamos financiamiento suficiente para atender el problema. Las estimaciones prevén crear un sistema que respete los derechos humanos y en verdad prepare a los privados de libertad para su reinserción en la sociedad.
Debemos romper el ciclo que nos mantiene jugando a policías y ladrones, en el que una autoridades capturan a los delincuentes y otras los liberan para que el juego vuelva a empezar. Aquello causa serio daño social y perjudica especialmente a las víctimas,… quede esa perversidad, lo somos todos!
